EN LA MIRA

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Política, derecho, cultura, poder e ideas sin propaganda ni solemnidad. Análisis y conversación para entender la coyuntura, cuestionar sus relatos y mirar un poco más allá de la noticia. POLÍTICA EDITORIAL Las opiniones expresadas por los autores invitados son responsabilidad exclusiva de quien enlamira.substack.com (https://enlamira.substack.com?utm_medium=podcast)

Publisher

Oscar Constantino Gutiérrez

Category

news · society & culture

Language

es

Explicit

Yes

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19 Oct 2025

Latest episode

9 Nov 2026

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48 episodes in the feed.

1. 

   9 Nov 2026

   Banxico

   ¿Banxico está defendiendo la estabilidad de precios o está privilegiando las necesidades financieras del gobierno? Arturo Herrera analiza si está en juego la credibilidad del banco central mexicano. Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias. Suscríbete a En la mira. Últimos días para aprovechar el precio especial anual. This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit enlamira.substack.com/subscribe (https://enlamira.substack.com/subscribe?utm_medium=podcast&utm_campaign=CTA_2)

2. 

   8 Nov 2026

   LA SEMANA DE YURI PÉREZ | El licenciado no tiene quien le lea

   En México, quienes controlan la conversación pública no entienden lo básico del derecho y, como la abogacía se desprecia, tampoco sienten la necesidad de aprenderlo. Por eso validan a quien explica con carisma y no a quien explica con rigor, y señalan los errores jurídicos solo cuando les conviene. Hace poco, un colega me contó algo que no he podido sacarme de la cabeza. Había escrito un ensayo crítico sobre el funcionamiento de la Suprema Corte para una publicación mexicana. Uno de sus argumentos era sencillo: un juzgador que dicta más sentencias está resolviendo más casos y, por lo tanto, abriendo la puerta del tribunal a más personas. Con matices, desde luego: no todos los asuntos tienen la misma complejidad, y resolver mucho no significa resolver bien. Pero el punto de partida es elemental. El editor de la publicación no lo entendía. No cuestionaba la conclusión; no comprendía la premisa. Cuento esto porque ilustra algo que observo todos los días en noticieros, columnas y redes sociales: muchas de las personas que deciden qué se discute en México, y cómo se explica, no conocen lo básico del derecho. El círculo rojo y el derecho No hablo del ciudadano común. Hablo del llamado círculo rojo: periodistas, columnistas, conductores, economistas y analistas que tienen una pantalla, un micrófono o una pluma. En su mayoría está hoy en la oposición, aunque también hay quienes defienden al gobierno desde ahí. Su trabajo consiste, en buena medida, en denunciar los abusos del poder, las violaciones a la ley y los atropellos contra los derechos de los ciudadanos. La materia prima de su oficio es jurídica. No digo que deban ser abogados. Digo que deben saber qué es un amparo, por qué importa la presunción de inocencia y cómo funciona la separación de poderes, más allá de repetir que es importante en una democracia. Sin eso no saben qué preguntar ni a quién, y tampoco pueden distinguir una buena explicación de una mala. Un país que desprecia a sus abogados Parte de la explicación está en una vieja costumbre mexicana: el desprecio por la abogacía. En ciertos círculos intelectuales se da por sentado que la gente interesante, la que tiene ideas, es economista, politóloga o escritora; rara vez abogada. Un reconocido intelectual repitió durante años, en un programa de televisión de análisis político, que los abogados no saben escribir. Lo decía con la naturalidad de quien enuncia un hecho. Ese desprestigio tiene historia. Durante el auge del PRI, la clase política se formaba en las facultades de derecho; ser «licenciado» era casi un requisito para gobernar, y la abogacía quedó asociada al poder, a sus vicios y a su retórica hueca. El cine mexicano y los programas cómicos de los setenta, ochenta y noventa hicieron el resto: el «licenciado» era el coyote que merodeaba los juzgados en busca de quien le pagara por «arreglar» un asunto, el parlanchín que solo hablaba en jerga jurídica y cuyos razonamientos resultaban tan rígidos, contradictorios e incomprensibles como los expedientes que cargaba bajo el brazo. Hay que decirlo también: el gremio tiene su parte de culpa. En México hay muchísimas escuelas de derecho, de calidad muy desigual, y muchos de sus egresados no ejercen, por falta de vocación o de oportunidades. Cuando entré a la universidad, mi papá me dijo que derecho era una carrera fácil y que, si después no la ejercía, no pasaba nada. Esa idea, compartida por muchas familias, retrata cómo se ha visto la profesión: como un trámite, no como una vocación. En mi caso, afortunadamente pudo más la vocación. A eso se suma que en México no existe la colegiación obligatoria. Basta un título y una cédula para ostentarse como abogado. En Canadá, donde vivo, nadie puede ejercer ni dar consejo legal sin una licencia del colegio de abogados de su provincia, que además vigila la conducta profesional y puede sancionarla. En México esa supervisión prácticamente no existe, y el desprestigio crece sin contrapeso. Todo esto ocurre en un país donde el desprecio a la ley es cultural y atraviesa todas las clases sociales. Si la ley no se respeta, difícilmente se respetará a quienes la estudian. Cuando el carisma sustituye al rigor El resultado es un círculo rojo que no sabe a quién escuchar. Cuando alguien con habilidad para comunicar y una imagen atractiva explica temas jurídicos en formato breve y sencillo, obtiene una validación que no siempre corresponde a la solidez de lo que dice. Lo vimos en julio, cuando Natalia Torres, abogada y profesora de teoría constitucional, afirmó en un pódcast que «no todos deberían votar» y propuso que, al tramitar la credencial del INE, se impartiera una sesión informativa sobre las funciones de las autoridades. Como expliqué entonces en ¿Quién merece votar? (https://enlamira.substack.com/p/quien-merece-votar), la idea era insostenible desde el punto de vista constitucional y, de paso, un regalo para Morena, que pudo acusar a la oposición de querer quitarle el voto a la gente. Lo llamativo no fue la propuesta, sino la reacción: periodistas, comunicadores y analistas de peso la respaldaron sin advertir el problema de fondo. Torres tiene un talento real para explicar con sencillez y captar la atención, y su audiencia crece. No es eso lo que critico. Lo que critico es que quienes deberían filtrar la información no tengan las herramientas para hacerlo. Es más gratificante sentir que uno ya entiende el derecho después de ver unos cuantos videos que sentarse a leer un análisis serio. Y las soluciones rápidas, como un curso de civismo antes de votar, resultan muy atractivas frente a problemas complejos, como la democracia de un país que fue autoritario durante décadas y nunca ha alcanzado una democracia madura. El rigor selectivo El problema llega hasta la cima del poder, y para muestra un botón. En julio, tras la detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel por presunto huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera que, si Ruffo contaba con documentación que probara su inocencia, actuarían los jueces. La frase invierte la carga de la prueba. El artículo 20 constitucional establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia. No es Ruffo quien debe demostrar que es inocente; es la Fiscalía la que debe probar que es culpable. Un año antes, la propia presidenta había dicho que no le corresponde a ella decir quién es culpable y quién no. Esta vez el círculo rojo sí reaccionó. Columnistas y analistas señalaron la violación a la presunción de inocencia, y algunos —incluidos quienes repiten que los abogados no saben escribir— construyeron argumentos jurídicos impecables. Lo cual demuestra que pueden entender el derecho cuando quieren. Y ese es el punto. El círculo rojo detecta el error jurídico cuando viene del gobierno y lo deja pasar cuando viene de alguien que le cae bien. El rigor se vuelve selectivo, y un rigor selectivo no es rigor: es militancia. Así se alimenta un círculo vicioso de desinformación justo desde los espacios que deberían informar. Lo mínimo indispensable No pido que los comunicadores estudien derecho. Pido lo mínimo para hacer bien su trabajo: * Qué es un amparo y para qué sirve. * Que la presunción de inocencia obliga al Estado a probar la culpabilidad, no al acusado a probar su inocencia. * Que detención, vinculación a proceso, prisión preventiva y sentencia son cosas distintas. * Por qué la separación de poderes protege al ciudadano, y no solo a los políticos. * Por qué un derecho fundamental, como el voto, no se condiciona a méritos. Los abogados en México sí escriben. Escriben sentencias, demandas, ensayos y artículos que explican cómo funciona el Estado de derecho y por qué importa. El problema es que el licenciado no tiene quien le lea. Y mientras quienes tienen el micrófono prefieran el video viral al análisis serio, seguirán decidiendo a quién se escucha con el mismo criterio con el que se elige una tendencia: no por lo que se dice, sino por quién lo dice y por cuánto les agrada. Yuri Pére… This is a public episode. 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3. 

   1 Nov 2026

   LA SEMANA DE YURI PÉREZ | ¿Necesito el permiso de Gloria Trevi para contar mi vida?

   Una oficina de marcas y patentes ordenó borrar un nombre de un libro de memorias. Si ese criterio sobrevive, México tendrá una «Ley Trevi»: el derecho de los famosos a decidir quién puede hablar de ellos. Gloria Trevi fue absuelta hace más de veinte años. Esa sentencia la libró de la cárcel; no le compró el silencio de nadie. Pero eso es lo que ha intentado obtener: usando una ley pensada para impedir que alguien ponga tu cara en un anuncio, consiguió que una oficina del gobierno ordenara borrar su nombre del testimonio de una mujer que fue menor de edad en ese entorno. No es una disputa de farándula. Es un abuso del sistema legal que, si se convierte en precedente, le dará a cualquier figura poderosa un derecho de veto sobre lo que los mexicanos podemos contar, leer y recordar. Imagina que viviste algo terrible siendo adolescente. Pasan los años, estudias Derecho, revisas un expediente judicial, ordenas tus recuerdos y escribes un libro. Una editorial lo publica. Y entonces una oficina del gobierno —no un juez, no un tribunal, sino la oficina que registra marcas y patentes— te dice que puedes contar tu historia, siempre y cuando borres de ella a una de las personas que estuvieron ahí. No es una hipótesis. Es lo que ocurrió con Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad, el libro de Karla de la Cuesta publicado por Grijalbo, sello de Penguin Random House, en agosto de 2024. El 27 de julio de 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le dio la razón a Gloria Trevi: prohibió usar en el libro su nombre, su retrato o cualquier elemento que la identifique, impuso a la editorial una multa de más de medio millón de pesos y la amenazó con multas adicionales por cada día de venta. La editorial demandó la nulidad de esa resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que admitió el caso y concedió medidas cautelares. Por eso el libro sigue en las librerías. Pero conviene decirlo con precisión: eso no es una victoria definitiva. Es una pausa. El juicio de fondo sigue abierto, el expediente no es público y nadie fuera de las partes conoce el texto completo de la resolución. Lo que sí podemos hacer —lo que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer— es preguntarnos si lo que se sabe tiene sentido. Y no lo tiene. Lo que dijo la justicia, y lo que no dijo A finales de los noventa, la madre de Karina Yapor denunció en Chihuahua a Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Raquenel Portillo, «Mary Boquitas», y otras personas por rapto, violación y corrupción de su hija menor de edad. Los tres fueron detenidos en Río de Janeiro en enero de 2000. Andrade fue condenado a siete años y diez meses de prisión por rapto, violación agravada y corrupción de menores; salió en 2007. Trevi y Boquitas fueron absueltas en septiembre de 2004, después de más de cuatro años presas. Es decir: el mismo proceso judicial reconoció que hubo víctimas y que hubo un culpable. Lo que no hizo fue encontrar pruebas suficientes para condenar a las dos mujeres. Karla de la Cuesta, por cierto, ha dicho públicamente que su libro no sostiene que Gloria Trevi sea culpable de ningún delito ni contradice las resoluciones judiciales. Entonces, ¿qué le molesta? Si el libro no la acusa, la única respuesta posible es que lo que le estorba no es una acusación, sino una presencia: que su nombre aparezca en la historia de alguien más, contada por alguien más, sin su visto bueno. ¿Respetar la absolución? Sí. ¿Quién? En las columnas que han defendido el libro se repite una fórmula casi ritual: «la absolución debe respetarse». Es cierto, pero la frase se queda a medias, y esa omisión confunde incluso a abogados. Una sentencia absolutoria es un mandato para el Estado. Le dice a la fiscalía que no puede volver a acusar a esa persona por los mismos hechos, a la policía que no puede detenerla, a los jueces que no pueden castigarla. La presunción de inocencia es una garantía frente al poder público. Por eso Gloria Trevi salió de prisión, y por eso nadie puede presentarla hoy como penalmente responsable de aquellos delitos. Lo que una absolución no hace es obligar a los ciudadanos a estar de acuerdo con ella. «Absuelta» no es sinónimo de «inocente». Significa que el Estado no logró probar la acusación con el estándar más alto que existe en el derecho. Como decía mi maestra de derecho penal, el derecho penal es la ultima ratio: el último recurso del Estado, y por eso el que más pruebas le exige. Puede haber pruebas que nunca se presentaron, testigos que no hablaron o un proceso con fallas. Cualquier persona puede discrepar públicamente de una sentencia, decir que no la convence y explicar por qué. Eso es una opinión, y las opiniones sobre asuntos públicos son exactamente lo que la libertad de expresión protege. El ejemplo más famoso del mundo es O. J. Simpson, absuelto en 1995 del asesinato de su exesposa, Nicole Brown, y de Ron Goldman. ¿Alguien dejó de hablar de él? En 1996, Chris Rock bromeaba en su especial Bring the Pain con que, si O. J. no fuera famoso, estaría en la cárcel. En 1997, un jurado civil lo encontró responsable de esas dos muertes y lo condenó a pagar 33.5 millones de dólares. Mismos hechos, misma persona, dos resultados. El debate nunca se cerró, y a nadie se le ocurrió que la absolución le diera a Simpson el derecho de vetar libros, documentales o chistes. Hay un límite, desde luego: afirmar como hecho comprobado que alguien cometió un delito del que fue absuelto, sabiendo que es falso o sin importar si lo es, puede generar responsabilidad civil. Pero ese límite se aplica después de hablar, ante un juez y con pruebas. No antes de publicar, ante una oficina administrativa y sin probar nada. Y el caso Trevi-Andrade dista de estar cerrado. La periodista María Idalia Gómez ha reportado irregularidades en torno al juez que dictó la absolución, incluida la afirmación de que no contaba con cédula profesional al emitir el fallo, y que en marzo de este año autoridades argentinas reactivaron una investigación sobre el grupo. Gloria Trevi sostiene que su absolución fue ratificada incluso por la Suprema Corte. Todo eso es materia legítima de discusión pública. Justamente por eso no puede depender del permiso de una de las partes. Nombre, marca e imagen: tres cosas distintas Aquí está el meollo, y es donde la resolución del IMPI se desmorona. La marca. Gloria Trevi puede tener registrado su nombre como marca. Una marca sirve para una cosa: que el público sepa quién está detrás de un producto. Si mañana alguien lanzara un perfume «Gloria Trevi», con su cara en la etiqueta y sin su permiso, eso sí sería aprovecharse de su nombre para vender. Un libro que narra hechos en los que ella estuvo presente no le dice a nadie «este producto es de Gloria Trevi». Le dice «esto pasó, y ella estaba ahí». La prueba de que una marca no es un monopolio sobre las menciones está en la política. En 2020, el IMPI otorgó a Andrés Manuel López Obrador y a Beatriz Gutiérrez Müller el registro de sus nombres como marcas, y los especialistas señalaron que eso reflejaba una mala comprensión de lo que es una marca. ¿Alguien dejó de escribir sobre López Obrador? Donald Trump ha hecho de su apellido una marca durante décadas y es uno de los litigantes más agresivos del mundo; aun así, cuando quiso castigar al periodista Timothy O’Brien por un libro sobre su fortuna, lo demandó por difamación, no por usar su marca, y perdió. En Estados Unidos, los tribunales llevan más de treinta años reconociendo el «uso nominativo»: para hablar de alguien hay que nombrarlo, y nombrarlo no es usurpar su marca, aunque quien lo haga gane dinero. La imagen. Este es el terreno donde, según lo reportado, se libra realmente el caso. La Ley Federal del Derecho de Autor considera infracción usar con fines de lucro la imagen de una persona sin su autorización, y le da al IMPI la facultad de sancionarlo. Es una protección razonable: impide que una empresa ponga tu foto en un anuncio sin preguntarte. Pero el propio Reglamento de esa ley, … This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit enlamira.substack.com/subscribe (https://enlamira.substack.com/subscribe?utm_medium=podcast&utm_campaign=CTA_2)

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